El pasado 6 de agosto se cumplió un año de la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dispuesta por el decreto presidencial 696/2024.
La medida, dictada en el marco de una política regresiva en materia de derechos humanos, puso fin a la tarea del organismo creado en 1995 para dar protección por parte del Estado a derechos consagrados en la Constitución nacional. Entre los argumentos para la disolución del INADI el Ejecutivo menciona su “ineficiencia e ineficacia” junto a la necesidad de recortar el gasto público.
Las tareas cumplidas por el organismo debían ser asumidas por el Ministerio de Justicia, que según el texto del decreto “tendrá a su cargo la elaboración y puesta en ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.” Nada de eso sucedió, al contrario, desde el cierre del INADI asistimos en esta etapa a un aumento significativo de las agresiones basadas en diversas formas de discriminación.
Graciela Franzen, actual Secretaria de Derechos Humanos de la CTA A Misiones y de larga militancia fue la primera subdelegada del INADI en Misiones a partir del año 2000, cuando había sido designado Rodolfo de Luca como delegado.
El gobierno de la crueldad
“Es importante ver el cierre del INADI no como un acto administrativo – meramente de eficiencia en el gasto público como en su momento se esgrimió para justificar su cierre – sino sobre todo verlo en el mapa amplio del rumbo que efectivamente tomó este gobierno con una “batalla cultural” tan fuerte en contra de toda idea que tenga que ver con combatir las desigualdades, proteger a las poblaciones más vulnerables y todo lo que es símbolo de una sociedad más igualitaria, con menos violencia , porque se opone diametralmente a la forma de hacer política que tiene este gobierno nacional.” – reflexiona Jorge Ríos, docente y comunicador social, último delegado del INADI en Misiones.
La gestión comunicacional juega un papel fundamental en la política de la crueldad que recorta derechos a los sectores más vulnerables y lo explicita a través de discursos de odio emitidos desde la misma figura del Presidente de la Nación, pasando por otros altos funcionarios del gabinete presidencial y por el batallón de operadores políticos y gestores de redes sociales que amplifican el discurso oficial.
La importancia del discurso político en la articulación de esas políticas es señalada por Jorge Ríos:
“El INADI , tenía esa tarea de pedagogía pública de que ahora este gobierno no solamente desatiende o elimina, sino que de hecho son justamente las poblaciones vulneradas las que desde lo comunicacional son atacadas. Podemos recordar el discurso de Davos, del Presidente y tantos otros funcionarios del gobierno que atacan, por ejemplo, al colectivo LGTB. Y también la creciente aporofobia, hay un discurso contra las clases populares y las poblaciones excluidas del sistema – como las personas en situación de calle o de la economía popular- que también están sufriendo un ataque. Bueno, y eso se ve reflejado en el nivel de agresión que hay también respecto a las mujeres.” – reflexiona y atribuye a la
circulación de esos discursos de odio una doble función: .
“Al mismo tiempo que atacan luchas sociales, reivindicaciones sociales generan una cierta dinámica comunicacional en redes sociales que también sirve para distraer de otras decisiones que tienen que ver con la distribución de recursos materiales, de recursos económicos, y financieros del estado.” – explica.
De este panorama, en el cual la pérdida de derechos es acompañada por la descalificación y las agresiones desde las más altas esferas gubernamentales, Ríos señala la gravedad de las pretensiones del cambio de paradigma que propone al actual gestión nacional:
“Quizás lo más grave es este intento deliberado de naturalizar la desigualdad y borrar esa idea de que la diversidad, la equidad, cierto horizonte de igualdad para una sociedad son un valor a proteger.” – concluye.
Volver a ser Nación
Graciela Franzen, recuerda la tarea del organismo como fundamentalmente pedagógica y de mediación.
“En esa primera etapa yo me dedicaba a la prevención, dando charlas en las escuelas, facultades, sindicatos, centros comunitarios, clubes. Luego me dejaron a cargo de la Delegación hasta el año 2007. Hasta ese año trabajamos todos ad honorem con local y muebles prestados. El presupuesto llegó después.”- rememora, en un registro que podría desmentir los argumentos oficiales de sobredimensionamiento del instituto y gastos excesivos.
En esa tarea de promoción de derechos fue fundamental el papel de la prensa:
“Agradezco a la prensa escrita, radial y televisiva que siempre nos acompañó. Tuvimos un programa semanal en LT 17 Radio Provincia de Misiones y en el diario El Territorio una página gratuita los domingos.” – relata, y en el caso de las denuncias realizadas recuerda: “La mayoría las resolvíamos con mediaciones juntando las partes, ya que la discriminación, la xenofobia y racismo son formas de convivencia, de intolerancia con el otro.”
Graciela ubica el cierre del organismo como parte de las políticas actuales a las que relaciona con una intención deliberada de desintegración de la Nación, y en ese sentido reivindica a la militancia como la forma de revertir los retrocesos en materia de derechos:
“El INADI es una de esas instituciones necesarias para garantizar una vida digna. Y para conseguir volver a ser Nación es un deber patriótico sumarse a la militancia, participar como joven, estudiante, trabajador, mujer, jubilado. Nadie puede quedarse en su casa indiferente porque de esta nadie se salva solo.”– afirma.
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