por Mariela Rodríguez*
Los despidos en el sector salud y los recortes presupuestarios se presentan, una vez más, como decisiones “necesarias” para ordenar las cuentas públicas. Sin embargo, cuando estas medidas se aplican en Misiones en un contexto de hospitales colapsados y un sistema cada vez más centralizado, dejan de ser un ajuste técnico para convertirse en una política profundamente irresponsable.
La salud pública no funciona con excedentes. No hay personal de sobra cuando las guardias están saturadas, los turnos se demoran meses y los profesionales trabajan al límite del agotamiento. Despedir trabajadores de la salud no mejora la eficiencia: reduce la capacidad de atención, sobrecarga a quienes permanecen en el sistema y deteriora la calidad del servicio. El resultado es previsible: menos camas disponibles, menos quirófanos operativos y más pacientes esperando.
A esto se suma el recorte del presupuesto sanitario. En salud, el ajuste no es abstracto ni lejano: se traduce rápidamente en falta de insumos, medicamentos que no llegan, equipos que no se reparan y programas de prevención que se suspenden. El supuesto ahorro fiscal termina generando costos mayores a mediano y largo plazo, cuando enfermedades que podrían haberse prevenido o tratado a tiempo se agravan y requieren intervenciones más complejas y costosas.
La situación se agrava aún más por la centralización del sistema. El debilitamiento de centros de atención primaria y hospitales locales empuja a la población hacia los grandes hospitales que terminan recibiendo todo tipo de consultas, incluso aquellas que podrían resolverse cerca del domicilio del paciente. Así, las guardias se transforman en embudos, donde se mezclan emergencias reales con problemas de salud básicos que el sistema ya no sabe dónde atender.
Este modelo afecta a todos por igual. Quienes cuentan con recursos económicos y pueden recurrir al sector privado; muchas veces también quedan atrapados en un sistema público cada vez más desbordado. Ajustar en salud es, en los hechos, una política que profundiza la desigualdad y castiga especialmente a los sectores más vulnerables.
La contradicción es evidente: se reconoce que los hospitales están colapsados, pero se toman decisiones que reducen personal y presupuesto. No se puede exigir mayor eficiencia, rapidez y calidad mientras se le quitan al sistema las herramientas mínimas para funcionar.
Invertir en salud no es un lujo ni un gasto innecesario. Es una condición básica para garantizar derechos, reducir desigualdades y sostener el bienestar social. Ajustar en este contexto no ordena el sistema: lo empuja al límite.
Las políticas públicas de salud deberían implementar criterios territoriales y poblacionales para la asignación de ambulancias, priorizando las zonas con mayor déficit de cobertura y mayores distancias a centros hospitalarios, así como también equipos para diagnósticos, y personal capacitado en los centros de salud de la provincia, evitando el traslado y el colapso de los centros de salud de la capital.
Se torna necesario establecer incentivos económicos, laborales y de formación para fomentar la radicación de médicos, enfermeros y otros profesionales en zonas rurales y del interior; desarrollar redes de derivación claras y coordinadas entre centros de atención primaria, hospitales regionales y centros de alta complejidad, optimizando los tiempos de respuesta y el uso de recursos. También incorporar la telemedicina, eficiente y accesible como herramienta estratégica para ampliar el acceso a consultas especializadas, seguimiento de pacientes y apoyo a equipos de salud locales, reduciendo la necesidad de traslado.
* la autora es trabajadora de Salud Pública en el Hospital de Pediatría «Fernando Barreyro» de Posadas. Delegada sindical y referente de la CTA A Misiones.-
