“…somos el blanco de un sistema de destrucción de la información periodística que no tiene precedentes históricos por su forma, su persistencia y su método, repetido en diferentes países y aplicado a una diversidad de periodistas. Argentina no es la excepción, sino la regla…”
El párrafo precedente, basado en las palabras del editor del diario New York Times A.G. Sulzberger en una conferencia brindada el 14 de mayo pasado, es parte de la introducción del informe de Periodistas Argentinas dado a conocer en los últimos días titulado “Que viva el periodismo: nuestra respuesta a los ataques a la prensa”.
El informe caracteriza un ataque sistemático y global contra la producción de información periodística y la manera en que se lleva adelante en Argentina, a través los ataques a la libertad de informar; las agresiones a las y los periodistas que cubren hechos sociales que el gobierno no quiere que se informen a la sociedad y el incumplimiento de los derechos laborales de quienes ejercen el periodismo como trabajo.
El informe toma como fuentes relevamientos realizados por distintas entidades ligadas al ejercicio del periodismo o de la actividad informativa, como FOPEA, la Sociedad Interamericana de Prensa o el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que producen información sobre diversos aspectos de la vasta actividad periodística y mediática.
El presidente encabeza las agresiones a periodistas
En relación a los ataques a la libertad de informar, la principal fuente de referencia es el informe del Foro de Periodistas de Argentina (FOPEA) titulado “El asedio al periodismo debilita la democracia” en el que se registran datos sobre hechos ocurridos durante 2024. La principal conclusión que surge de su lectura es que asistimos en la actualidad a un ataque que se sistematiza y generaliza desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia de la Nación.
El informe da cuenta de “179 agresiones en el país, el segundo número más alto desde que se inició el relevamiento en 2008 (…) Esta cifra representa un aumento del 53 % en los casos registrados respecto a 2023 y un 103 % en comparación con 2022. Del total de agresiones, 56 fueron atribuidas al presidente Javier Milei.
Entre los tipos de ataque más frecuentes, el 45,25 % correspondió a discursos estigmatizantes, el 25,14 % a agresiones físicas y el 11,73 % a restricciones en el acceso a la información.”
Entre las restricciones al acceso a la información, resalta la modificación por decreto presidencial de la Ley de Acceso a la Información Pública y otras limitaciones al acceso a información pública e institucional, como el hecho de que desde su asnción en diciembre de 2023 el presidente de la Nación no realiza conferencias de prensa y atiende a un número reducido y selecto de periodistas, que se ha restringido el acceso a las conferencias del vocero de la Presidencia Manuel Adorni y que en ellas se ha limitado la posibilidad de preguntar y repreguntar por parte de los reporteros asistentes.
Una mención especial merece la represión a las y los periodistas que cubren manifestaciones públicas, especialmente la marcha de los miércoles de l@s jubilad@s al Congreso. Esa actividad es la más reprimida por orden de la gestión nacional y en sus sucesivas ediciones durante 2025 ha dejado un saldo de decenas de manifestantes herid@s. Entre ell@s al menos 25 trabajadores de prensa entre reporter@s y fotógraf@s claramente identificables para las fuerzas represivas.
Entre las distintas formas de agresión se registran golpes con objetos contundentes, patadas, rociado con gas pimienta, uso de granadas de gases lacrimógenos, atropellamientos, estrangulamientos y aplastamientos. El caso más grave es el del fotógrafo Pablo Grillo, quien recibió el disparo de una granada de gas lacrimógeno por parte de un gendarme en el cráneo durante la manifestación del 12/03 y debió ser sometido a sucesivas cirugías. Permaneció internado con serio riesgo vital durante casi tres meses.
Todos estos casos registrados en 2025 no son parte aún del informe de FOPEA mencionado e indican que la violencia no disminuye, y es parte de una política de Estado y que se manifiesta concretamente contra los cuerpos de las y los trabajadores de prensa.
A estos ataques deben sumarse el hostigamiento en medios digitales y redes sociales y las persecuciones judiciales. En ambos casos tanto las propias autoridades políticas como el Presidente Milei y otros funcionarios como activistas digitales ligados al oficialismo encabezan las agresiones.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa “en los informes presentados en las últimas dos reuniones de la SIP se destacó la propensión del presidente Milei al agravio a periodistas y medios, tendencia que persistió en este período. Más de medio centenar de periodistas y medios han sido blanco de insultos o de acusaciones de hechos de corrupción sin presentar ninguna evidencia ni realizar las denuncias judiciales.”
La entidad también mencionó los hostigamientos y agresiones a periodistas en redes sociales “por parte de activistas digitales ligados al oficialismo”.
El informe de Periodistas Argentinas cita “un estudio de la consultora Methodo para Fopea que analizó más de 2,4 millones de interacciones en redes sociales reveló que las agresiones desde el poder amplifican la violencia digital contra la prensa y contabilizó 240.000 menciones peyorativas al periodismo por parte del Presidente Milei y su entorno.”
En cuanto a la herramienta de la persecución judicial, se destaca la demanda iniciada en mayo pasado por Javier Milei por “calumnias e injurias” contra los periodistas Carlos Pagni, de La Nación; Viviana Canosa, de Canal 13 y Ari Lijalad, de El Destape.
El informe de Periodistas Argentinas también menciona a través de su cita al informe de Reporteros Sin Fronteras la crítica a la política de concentración mediática que operativiza el actual gobierno nacional:
“Además de una retórica extremadamente agresiva e inaceptable, el jefe de Estado y los poderes públicos han fomentado la concentración de los medios de comunicación y limitado el pluralismo y la diversidad, afectando especialmente a los medios más vulnerables. Esta combinación de retórica hostil, violencia física, acoso judicial y digital evidencia un profundo deterioro de la libertad de prensa. Es imperativo que esta ofensiva llegue a su fin y que el gobierno argentino respete y garantice el ejercicio del periodismo en el país.”
El oficio: pobreza, precariedad, pluriempleo
Los ataques sistemáticos y directos a la actividad de producir información periodísticas no son el único factor que atenta contra la calidad del trabajo de prensa.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) dio a conocer los resultados de su encuesta sobre las condiciones salariales y laborales de las y los trabajadores de prensa en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como datos destacados, surgen los que indican que la abrumadora mayoría de ell@s tienen salarios que los ubican por debajo de la línea de pobreza y aún debajo de la línea de indigencia.
Si bien los datos aportados por SIPREBA son parciales, se puede estimar que en otras jurisdicciones la realidad laboral del sector es similar o inclusive, peor.
El informe de Periodistas Argentinas menciona, citando la encuesta de SIPEBA que:
- El 70,4% de las y los trabajadores de prensa cobran salarios por debajo de la línea de pobreza.
- En el sector prensa escrita los sueldos por debajo de la línea de pobreza escalan al 80,57% y trepan hasta el 92,12% en la categoría redactor/a.
- En las radios el 66,7% tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza.
- En la prensa televisada el porcentaje desciende a 40,48%. No obstante, supone un aumento de 40 puntos respecto al año anterior.
- Esto implica que apenas el 4,8 % del total de las y los periodistas tiene un sueldo que le alcanza para vivir.
- El 52,2% de las personas encuestadas afirmó tener dos o más trabajos remunerados. Del total, el 37,5% tiene dos empleos y el 17,5% tres trabajos o más.
Esta realidad salarial desoladora, en muchos casos similar a la de trabajadores de otros sectores, se da en el marco en el cual las empresas periodísticas recurren de manera cada vez más frecuente a las figuras del periodista “free lance” o monotributista al que le pagan entre $ 13 mil a $ 40 mil por nota, que no accede a un contrato de trabajo ni a derechos como la estabilidad laboral, los aportes previsionales ni la cobertura de salud.
En esta política laboral el Estado nacional también emerge con una responsabilidad principal, ya que las políticas de desguace de medios públicos ha dejado a una gran cantidad de trabajadores sin empleo que han pasado a engrosar el número de “free lancers” precarizados a disposición de los grandes medios comerciales.
El informe de Periodistas Argentinas cita el de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que hace una crítica integral a la política de desmantelamiento de los medios públicos y su correspondiente deterioro del sistema de producción de información periodística fiable en Argentina.
RSF menciona el cierre de la Agencia Télam con sus 27 corresponsalías distribuídas en todo el país como “uno de los golpes más duros asestados al periodismo en Argentina en los últimos años. Los estatales Radio Nacional y Canal 7 también han sufrido despidos y sus presupuestos y programación han sido diezmados, mientras que los canales Encuentro y Paka-Paka han sufrido recortes todavía más severos”.
Esta política habría dejado sin empleo al menos a 300 trabajadores de prensa en el contexto de “un mercado de trabajo cada vez más reducido.”
