La gestión de Javier Milei inició la segunda semana de julio con una nueva ofensiva contra instituciones estatales a cargo de políticas públicas fundamentales para sostener el desarrollo económico y la garantía de derechos.
A través de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia ilegales e inconstitucionales respaldados en la nefasta “Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en sólo dos días el gobierno nacional dispuso la disolución, fusión y transformación de 21 organismos públicos nacionales.
Entre los organismos disueltos se encuentran la Dirección Nacional de Vialidad, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud; la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional; el fideicomiso de financiamientos a PyMEs FONDEP, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) la Comisión Nacional de Semillas y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) entre otros.
Además, se ordenó la reestructuración y reubicación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional del Cáncer, Instituto Nacional de Vitivinicultura, entre otros organismos. En tanto, fueron transformados la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
Tales medidas, – tomadas en base a información malintencionada y tendenciosa sobre la función y el desempeño de los organismos en cuestión – están lejos de aportar a sus enunciados propósitos de eficiencia, transparencia y equilibrio de las cuentas públicas. En cambio, aportan decididamente a desestructurar la estructura estatal y dejar a su suerte a las poblaciones menos favorecidas. Además, implica la pérdida de puestos laborales de trabajadores del Estado nacional, del que la gestión Milei ya despidió a más de 50.000 empleadxs.
Cada una de estas medidas, tomadas en las últimas horas de vigencia de las Facultades Delegadas por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo Nacional, son nuevos avances en la tarea disolutiva del Estado nacional que esta gestión se propuso y que arrasa garantías y derechos conquistados.
